La Crisis del Sistema de Salud en Colombia se perpetúa si continua el modelo tercermundista

No es secreto que Colombia continua en la visión de la salud como servicio y no como derecho, una visión diferente rescataría un elemento fundamental que organiza los sistemas de salud a nivel mundial que velan por hacerla valer como derecho, es la ciudadanía la que conduce a la aplicación del principio de universalidad. Un país del tercer mundo no desarrolla  el anterior elemento sino que convierte la salud como un servicio que tiene un plan de beneficios dependiendo de la capacidad de pago de las personas para  acceder al sistema.  La salud debe ser igual para todos, con el simple hecho de ser ciudadano o de habitar en el territorio nacional sería suficiente para ser merecedor de este derecho y además poder participar activamente en la construcción y regulación del sistema.

Actualmente, existe una gran brecha entre los intereses que persigue el Gobierno y los intereses de la sociedad civil. Esta última ha sido representada por la comunidad académica y científica, las agremiaciones e instituciones públicas y privadas que de manera activa han venido participando pero por su escaso número e intereses particulares dividen sus fuerzas de apoyo y no logran hacer una incidencia efectiva.  La discusión ha estado entre proponer una ley estatutaria que regule el derecho a la salud y modifique radicalmente el sistema, o una ley ordinaria que atienda el problema financiero pero no estructural del sistema basada en el sistema establecido por la Ley 100 de 1993.

Los sectores sociales han expresado de manera reiterada la necesidad de plantear un debate alrededor de la ley estatutaria y que además solucione la gran crisis del sistema, se propone eliminar la intermediación de las EPS como entes que administran los recursos y que se conforme un Sistema Único Descentralizado de Seguridad Social en Salud y un Sistema Integrado de Información en Salud, de carácter público y orientado a la toma de decisiones, tanto en el ámbito cotidiano de la atención integral en salud como en el estratégico para la formulación de políticas públicas territoriales o nacionales.  Esta expresión ha sido escuchada en los últimos debates sin embargo no ha sido tenida en cuenta a la hora de apoyar las propuestas por parte de los legisladores.

Lo que se observa desde afuera es una competencia desigual, por una parte el Gobierno y su política de Unidad Nacional haciendo lobby desde el Ministerio de Salud y con el Presidente a bordo que de manera directa y organizada convencen de su visión a los partidos que han apoyado su gobierno y por ende induciendo a votar a su favor. Por otra parte, la sociedad civil dividida y por ende con muy baja capacidad de incidencia para conseguir apoyo. En última instancia y como parte de la sociedad civil está la comunidad académica que se mantiene en su posición de defender la salud a la luz de los derechos y de desarrollar el mismo desde una visión de universalidad y defendiendo la ciudadanía, elementos fundamentales para mejorar el sistema.

La actual apuesta del Gobierno por hacer ver el problema del sistema de salud solamente como un problema financiero invisibiliza la posibilidad de pensar en una solución que atienda la actual crisis, pues niega que el problema sea también estructural y por tanto de la errada concepción desde su comienzo del actual sistema.  Así mismo, el Gobierno justifica que atiende la propuesta de la Sociedad Civil, pero en realidad “solo elimina el nombre” de EPS y pone el nombre de EGS o Empresas Gestoras de Salud, que terminan haciendo las mismas funciones, volviendo los dineros públicos de la salud en dineros privados pero ahora con el plus de que van a poder convertir su negocio en un proceso legal, por lo anterior y otros puntos importantes “llamados micos” en el que hacer legislativo, es actuar bajo una supuesta reforma basada en el engaño y la falsedad.

La mejor opción a futuro es construir juntos y convocar a participar a todos los sectores tanto políticos como sociales. Así mismo, de manera igual y sin inducir posiciones falsas, con un debate sano, sin intermediarios con intereses privados, y atendiendo a los intereses de la ciudadanía y de las necesidades de nuestro país.  Así mismo ver la salud como un derecho ligado a otros derechos como la educación, el trabajo, el ambiente, que conciba la actual definición del proceso salud enfermedad y los determinantes sociales.  La salud debe ser vista a la luz de una ley estatutaria y que respete los derechos constitucionales como la tutela, también organizar el sistema de manera radical, con un manejo público de los recursos y que acabe con los altos niveles de corrupción. En conclusión debemos avanzar hacia una nueva cultura y ciudadanía con conciencia de lo público.